NUESTRO CASO: En Palencia; capital y provincia, nos encontramos que la empresa URBASER tiene adjudicados TRES importantes contratos: la limpieza viaria, la recogida de residuos y la gestión del Centro de Tratamiento de Residuos.
Un dato la recogida de residuos y limpieza viaria la vienen realizando la misma empresa, aunque con diferentes nombres (SEMAT, ONYX, TECMED, URBASER) y lo tiene adjudicado hasta el 31 de diciembre de 2012. Otra concesión que se le adjudicó en contra de los intereses de los propios palentinos y de los empleados municipales fue la limpieza de los jardines y zonas verdes, y por último se la adjudicó la gestión del Centro de Tratamiento de Residuos tanto de la capital como de la provincia. Concesión por 10 años desde 01-04-2008 (aunque Urbaser ya venía haciendolo desde el 2006) y dos posibles prorrogas de otros cinco años cada una; el valor 2.889.000€/año.
COMPETENCIA DESTAPA UNA GRAN TRAMA EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS:
La CNMC sanciona con 98,2 milones a 39 empresas, entre ellas ACS, FCC, Sacyr y Ferrovial.
Las compañías se repartían clientes y licitaciones de ayuntamientos e intercambiaban información
La existencia de prácticas de manipulación del mercado en muchos ámbitos de la economía española es "obvia, lo difícil es demostrarlo". Así lo reconocían ayer fuentes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tras anunciar una de las actuaciones contra este tipo de comportamientos más importantes de las realizadas en el país. El organismo ha sancionado con 98,2 millones de euros, una de las multas más altas, a 39 empresas y tres patronales de gestión de residuos industriales, recuperación de papel y cartón, y saneamiento urbano (recogida de basura, limpieza viaria y saneamiento de aguas).
Entre ellas figuran grandes grupos constructores y de servicios, comoACS (23,2 millones), FCC (16,8 millones), Sacyr (15,2 millones) yFerrovial (13,6 millones), además de la empresa familiar Saica (5,3 millones). Estas cinco grandes del sector suponen cerca del 75% de la multa.
De Catalunya, además del caso de FCC, figuran compañías como Cespa (filial de Ferrovial), Hera Tratesa, TMA, Tradebe, Ecoimsa, Amboil, Rua Papel, Sebastià Llorens, Alianplast, Recuperación de Pedreres y Trisa (controladas por FCC), Marcel Navarro y Griñó Ecològic, además de la Associació Catalana d'Empreses de Serveis de Residus (ACESER) y firmas de otras comunidades con instalaciones catalanas, como la vasca Recypilas y la madrileña Irmasol.
AÑOS
Las empresas implicadas llevaban a cabo desde hace años (en algunos casos, 1999) una "práctica concertada global de reparto del mercado", mediante la cual se respetaban los clientes públicos y privados respectivos, se repartían los nuevos clientes y las licitaciones de los ayuntamientos, e intercambiaban información comercial sensible (clientes, ofertas presentadas a estos,...), además de usar las patronales para coordinarse.
La operativa no estaba centralizada, pero sí muy extendida geográficamente, con un buen número de casos destapados en Madrid, Sevilla, Málaga, País Vasco, Ceuta y Melilla. "Es como si funcionara un cártel", explican las fuentes.
Además, al ponerse de acuerdo de cara a las licitaciones de los ayuntamientos, el "entramado estaba soportado por los contribuyentes", que se veían obligados a pagar más. Un ejemplo es el de un contrato de residuos urbanos en la periferia de Madrid. Un acuerdo entre ACS, FCC y Ferrovial hizo que quedara desierto el concurso de 542 millones por el bajo precio ofertado, con lo que el ayuntamiento tuvo que dejar el servicio a FCC, que ya lo gestionaba.
La investigación arrancó a comienzos del 2012 cuando durante una inspección a unas empresas de residuos sanitarios de Baleares, la CNMC recopiló información que le permitió empezar a tirar del hilo. Así se han logrado acreditar "decenas de conductas" contrarias a la normativa de competencia que han afectado a ayuntamientos de todos los tamaños.
'E-MAILS' PROBATORIOS
Muchas de las conductas han podido ser acreditadas mediante e-mails internos incautados en inspecciones en las sedes de las empresas, en los que se leen comentarios del tipo de "con esa empresa estamos en un periodo de no agresión", "esa empresa es tuya, ¿no?" o "me parece bien un precio para sus aguas de fuera de Cataluña. (Pero con) Las de aquí no quiero líos".
Las sanciones son equivalentes al 3% de la facturación de las compañías, pero ponderado por algunos aspectos como el grado de participación y el tiempo en que ha estado beneficiándose. Desde el organismo se admite que el perjuicio económico causado podría ser mayor que la sanción impuesta.
Las empresas sancionadas recurrirán la decisión de la CNMC. Sus argumentos irán en línea con los del consejero Fernando Torremocha, que en un voto particular ha rechazado la multa por entender que las prácticas detectadas estaban en muchos casos prescritas y que la multa está motivada de forma insuficiente y contradictoria.
La CNMC considera que la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip) hacía recomendaciones colectivas a sus socios (entre ellos, ACS, FCC, Sacyr y Ferrovial), lo que les permitía unificar posturas en los concursos públicos, que precisamente lo que buscan es aprovechar la competencia de empresas para ahorrar dinero al ciudadano.
La investigación desvela un ejemplo de esta conducta: el 5 de octubre de 2011, el Ayuntamiento de Madrid licitó el contrato del Servicio de Limpieza Urgente (Selur). Justo una semana después, las cuatro grandes empresas se reunieron en la sede de Aselip y acordaron no presentarse al concurso, que un mes después quedó desierto. Se volvió a licitar en julio de 2014 por una cantidad económica superior; se lo quedó ACS.
La CNMC recoge además conductas relacionadas con los dos contratos más polémicos del Ayuntamiento de Madrid. En noviembre de 2012 se licitó el servicio de recogida de basura en los distritos de la periferia, y el servicio integral de limpieza viaria y parques. FCC elaboró entonces un informe sobre ambos contratos con dos escenarios: “Sin acuerdo y con acuerdo”.
FCC, ACS y Ferrovial “intercambiaron una versión de un acuerdo de licitación conjunta” para el servicio de basuras, pero finalmente convinieron no presentarse. Así, quedó desierto y FCC siguió prestándolo por una prórroga del contrato anterior.
Respecto al servicio de limpieza viaria, terminaron repartiéndoselo Sacyr, FCC, Ferrovial y la constructora OHL. ACS se quedó fuera. Las concesionarias anunciaron cientos de despidos, lo que provocó una huelga en noviembre de 2013; el conflicto se zanjó con recortes temporales de empleo que el Ayuntamiento admite que han contribuido a empeorar el servicio.
Sobre la investigación de la CNMC, fuentes municipales han indicado que el Ayuntamiento “es el perjudicado”, pues “sólo puede valorar cada oferta pero no saber si hay un tipo de pacto colusivo previo para repartirse los contratos”. El líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, aseguró ayer que no descarta “llegar a los tribunales” para aclarar estas conductas.
Las MULTAS:
el Consejo ha decidido imponer las siguientes multas:
- URBASER, S.A. y SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. (pertenecientes al Grupo ACS): 23.289.036 euros
- HAY SANCIONES A OTRAS 42 empresas.
El presente artículo está extraído de lo publicado en la prensa escrita y a continuación recogemos sus enlaces.
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